Sociedad civil nicaragüense y expertos internacionales abogan por una nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre crisis en Nicaragua
Washington D.C., 19 de febrero de 2021.– En el marco del 46º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, representantes de la sociedad civil nicaragüense y víctimas de violaciones de derechos humanos, con el acompañamiento y respaldo de expertos internacionales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abogaron por la aprobación de una nueva resolución que refuerce el mandato de la Alta Comisionada Michelle Bachelet para monitorear la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua.
El evento “El papel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante la continua crisis de derechos humanos en Nicaragua” contó con la participación de Thelma Montenegro, familiar de dos presos políticos y de cuatro personas asesinadas en el contexto de la represión desatada por las protestas sociales de abril de 2018; Lottie Cunningham, fundadora y presidenta del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN); Aníbal Toruño, director de Radio Darío y víctima de constante asedio policial en su casa y medio de comunicación; Clément Voule, Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de las Naciones Unidas, y Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH. Como moderadora estuvo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Contexto
La Alta Comisionada Michelle Bachelet compartirá un informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua durante el 46º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a realizarse del 22 de febrero al 23 de marzo, por lo que doce organizaciones nacionales y regionales, entre ellas el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), organizaron este evento para exponer de forma detallada y actualizada las violaciones a derechos humanos en el país y, por tanto, la necesidad de que dicho Consejo mantenga y refuerce el mandato de la Alta Comisionada.
Caso familia Montenegro
Thelma Montenegro expuso la persecución, violencia y criminalización que ha enfrentado su familia por su participación en las manifestaciones ciudadanas de abril de 2018. “Esta actuación de nuestra parte desencadenó el odio, la persecución, la crueldad de los adeptos al partido de Gobierno”, dijo, y señaló que desde entonces han sido asesinados cuatro miembros de su familia, entre ellos sus hermanos Oliver y Edgar Montenegro y su esposo Francisco Blandón.
Montenegro señaló también que permanecen en prisión sus sobrinos Oliver Montenegro Muñoz, quien fue detenido el 21 de junio de 2020 y acusado del delito de homicidio frustrada, por el cual fue condenado a 10 años de cárcel, y Dorling Montenegro Muñoz, quien fue capturado el 30 de noviembre de 2020 y es acusado de cometer los delitos de obstrucción de funciones, posesión y tenencia ilegal de armas y asesinato en grado de tentativa.
“Pedimos una mirada y un accionar contundente hacia nuestro país (…) Estamos en un año electoral y justamente este momento es la oportunidad para poder cambiar nuestra historia, que no se repita tanto sufrimiento”, expresó Montenegro.
Violencia e indefensión en el Caribe Norte
La defensora de derechos humanos y presidente CEJUDHCAN, Lottie Cunningham, manifestó en su presentación que a medida que el espacio cívico y las garantizas democráticas se cierran en Nicaragua, se agudiza el despojo territorial y el patrón de violencia sistemática contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas, subrayando que solo en el 2020 fueron asesinadas 13 personas, hubo 8 heridos, 2 secuestrados y una comunidad desplazada producto de esa situación.
Del 2011 a la fecha, dijo Cunningham, 49 indígenas han sido asesinados, 52 lesionados, 46 secuestros y 4 desaparecidos. “Producto de la violencia, se estima que 3,000 personas tan solo del pueblo Miskitu se encuentran desplazadas forzosamente en otras comunidades y cabeceras departamentales, así como en comunidades fronterizas con Honduras”, detalló la defensora de derechos humanos, quien denunció que estas acciones son cometidas por actores no estatales bajo la anuencia estatal, por lo que se encuentran totalmente impunes.
Además, mostró su preocupación por la aprobación de las recientes leyes como Ley de Regulación de Agentes y la Ley de Ciberdelitos, a las que llamó “disposiciones represivas sobre la defensa de derechos de los pueblos indígenas”. En ese sentido, Cunningham dijo que el Ministerio de Gobernación se ha rehusado en reiteradas ocasiones a aceptar la documentación necesaria para acreditar a la junta directiva de CEJUDHCAN y que los integrantes de la organización son constantemente señalados de ser difusores de noticias falsas.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y exhortamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que apruebe una resolución para Nicaragua y que incorpore la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, enfatizó.
Ataque a la prensa independiente
El director de Radio Darío en la ciudad de León y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, Aníbal Toruño, se refirió a las acciones del Gobierno en contra del periodismo y medios de comunicación independientes, que incluyen, el enjuiciamiento de al menos tres periodistas y la confiscación de Confidencial y 100% Noticias desde abril 2018 hasta la fecha.
Toruño indicó que, el gobierno de Daniel Ortega ha propiciado el cierre de más de 20 medios de comunicación y al menos 10 programas de opinión y noticieros. Además que, actualmente, de los 13 canales de señal abierta, solo sobreviven dos, incluido Canal 12 que se encuentra embargado desde mediados de septiembre 2020.
Sobre su caso particular, Toruño manifestó que en los últimos tres años ha habido 125 asedios policiales a Radio Darío y 32 a su casa, la cual fue allanada en tres ocasiones de forma ilegal y violenta entre el 4 de enero y el 4 de febrero de 2021.
Preocupación internacional
Tanto el Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de las Naciones Unidas, Clément Voule, como el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, expresaron su preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua, la cual, coincidieron, se ha agravado con la aprobación de leyes que restringen derechos civiles y políticos y contemplan encarcelar a personas que difundan información que el Gobierno considere amenazas.
“Tenemos preocupaciones, como el uso de la fuerza arbitraria contra aquellos que van a las calles a protestas, la criminalización y ataques contra la disidencia política y los medios de comunicación”, indicó Voule, quien recordó que desde la crisis de 2018 ha hecho varias solicitudes para visitar el país, pero estas no han sido respondidas por el Gobierno.
“Otra preocupación es la falta de información o información falsa usada contra estas personas -que incluye mujeres, miembros de la comunidad LGBTI o ambientalistas, a las que acusan como terroristas o narcotraficantes”, agregó.
En tanto, Pedro Vaca dijo que en Nicaragua se está desplegando un dispositivo muy sofisticado de censura y que la actividad parlamentaria en el país parece estar enfocada en erosionar el Estado de derecho. Para el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, en el país hay un “desmantelamiento del tejido social” y existe el peligro de que se reduzca la posibilidad de “perder información” sobre las violaciones a los derechos humanos. “El miedo está presente en Nicaragua y lo estamos escuchando, y es parte de lo que ojalá pueda ser incluido dentro de los análisis que se están haciendo”, agregó.
Llamado por una nueva resolución para Nicaragua
La moderadora del evento y directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, indicó que la crisis de derechos humanos en Nicaragua persiste y se acentúa, además que el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sigue siendo crítico debido a la continua negativa del Gobierno a cooperar con los sistemas regionales e internacionales de protección de derechos humanos.
En nombre de las organizaciones que promovieron el evento, Guevara instó a los Estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos a que se asegure una resolución firme sobre Nicaragua que renueve completamente el mandando de la Oficina de la Alta Comisionada.
Guevara enfatizó que esta nueva resolución debe establecer claros criterios de cooperación y enviar un mensaje claro de la comunidad internacional en apoyo a las víctimas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación independientes, y que la búsqueda de justicia, verdad y reparación tiene que continuar siendo una lucha colectiva e internacional.